Dice Guillermo Fernandez Vara, presidente de Extremadura, que si el debate político entorno al sistema de las autonomías sigue por este camino habrá que crear la decimo octava comunidad, allá cerca de Madrid, donde pongamos toda el agua del país, todos los residuos nucleares, todas las centrales, y desde allí podamos abastecer al resto de la península. Sería una comunidad sin habitantes, pero así al menos resolveríamos todas esas disputas entre presidentes autonómicos y gobierno central que no hacen más que lastrar el provechoso debate político y que distancian cada día un poquito más las comunidades vecinas de su gobierno central.
Obviando el irónico humor del presidente extremeño, cuya comunidad curiosamente es de las que mayor provecho ha sacado del sistema de las autonomías, no se me ocurre mejor forma de simbolizar aquello contra lo que todas las autonomías tendrían que remar unidas: la esterilización del debate con el estado, la llegada a un punto muerto en las negociaciones entre estado central y autonomías por las competencias que los últimos exigen y el primero no está dispuesto a ceder, sea por la voluntad del gobierno o del tribunal constitucional.
En este sentido el estatuto catalán rema en contra de ese estancamiento de las negociaciones, dejando claro y por escrito las competencias que, por referéndum aprobadas, corresponden a la nación catalana. Habrá quien piense que mayores competencias significa mayor autonomismo y que, por lo tanto, el nuevo estatuto acerca a Cataluña un poco más hacia la sombra del independentismo, esa resonante palabra que todos los partidos (excepto Esquerra Republicana) esconden tras eufemismos tales como: “catalanista“, “nacionalista” o “país català“, con tal de contentar al mayor espectro de votantes posible. Bueno, dicho llanamente: quien así piense se equivoca.
El estatuto trae nuevas competencias a la generalitat catalana porqué así le conviene a sus ciudadanos. Porqué mayores competencias en el aspecto económico significa mayor poder a la hora de repartir el gasto y por lo tanto mayor beneficio para los ciudadanos. Porqué mayores competencias en el apartado de las infraestructuras implica mayor control del urbanismo de la comunidad, sin duda mejor conocido por el gobierno de la comunidad que por los representantes del gobierno en Madrid. Porqué mayores competencias en sanidad implica recortes en los trámites burocráticos y mejor y más rápido servicio para los ciudadanos de la comunidad.Y así en un largo etcétera.
Es cierto que uno de las consecuencias del estatuto consiste en la eliminación de los representantes de gobierno central y diputaciones en las comunidades, pero ello es solo en aras del beneficio de la comunidad que poco o nada tiene que ver con el independentismo. Como ya repetí alguna vez, es mucho más comodo para el que quiere montar una empresa en Barcelona hablar con un solo representante de la Generalitat, que tener que negociar con el representante del gobierno la diputación y la comunidad en un proceso que hoy en día dura más de seis meses ¡seis meses!.
Llegará pues el día en que todas las comunidades controlen la mayoría de sus competencias. Ese día los ciudadanos de cada comunidad disfrutaran de los mejores servicios públicos y las comunidades negociaran entre ellas y el estado por el equitativo reparto de las polémicas competencias compartidas como la electricidad, el agua o el trayecto del ave. Ese día llegará, porqué hacia ese día apuntan todos los estatutos que, como el catalán, se están aprobando. En este sentido será necesaria, como exige la nueva carta magna catalana, la voluntad de la familia política autonómica de llegar a acuerdos con las demás comunidades en los aspectos más espinosos. Porqué sin esa voluntad, parte del sentido del nuevo estatuto catalán habrá sido ignorado, y las comunidades seguirán siendo territorios políticamente atomizados exigiendo a gritos al gobierno central, y entre la muchedumbre autonómica, sus respectivas competencias autonómicas.
Hasta entonces paciencia que como todo, y sobre todo en política, todo se andará.
